Con el propósito de evadir el “poder popular” se ha inventado una serie de términos y se han desfigurado otros. De antaño viene la palabra “Democracia” con la cual se significaba el “poder en manos del pueblo”. Luego de algunas experiencias desagradables para los “poderes facticos”, la “democracia” pasa a ser un instrumento del Estado para elegir a los funcionarios públicos.
Pero entonces se inventa el término “ciudadano” para significar a aquellos habitantes de la ciudad a los cuales se les otorgaba el derecho de elegir a ciertos funcionarios públicos. De entrada a la mujer de cualquier edad se le tenía considerada como incapaz de ejercer la “función electora”.
Más aún hasta este momento se le sigue discriminando del ejercicio de las funciones del ser humano. El caso más connotado nos lo ha brindado el Vaticano, una especie de “cultura machista” que considera a la mujer como un ser subhumano, un ser incapaz de realizar las funciones humanas.
Al paso del tiempo se ha venido caracterizando al ciudadano por su edad. Al parecer la humanización de los seres depende del transcurso del tiempo, depende del número de ciclos solares transcurridos desde el día de nacimiento del ser-no-ciudadano. Y sin ningún fundamento científico se dijo que los hombres a los 21 ciclos solares ya se habían convertido en seres humanos dotados de todas las facultades para el ejercicio de todas las funciones.
A las mujeres no les favorecía el haber cumplido los 21 años solares para estar dotadas de todas las facultades humanas. Posteriormente y sin ningún fundamento científico dijeron que las facultades humanas se dejaban de adquirir a los 18 años de edad. Y se definió al “ciudadano” como al varón que cumpliera los 18 ciclos solares desde la fecha de su nacimiento.
Con el paso del tiempo se consideró que las mujeres y los hombres son seres de la misma especie y que por lo tanto debieran de tener las mismas facultades para ser considerados como “ciudadanos”. Aunque cabe decir que en el Vaticano la mujer no es de la misma especie que el hombre. Y cuando se creía que este asunto ya estaba resuelto, resulta que en la geografía mexicana todavía existen subhumanos que no tienen todas las facultades humanas.
En la prensa nacional se está expresando que los habitantes del D F no son ciudadanos completos, son algo así como una especie de seres del submundo mexicano. Más aún, han comprado veladoras para llevárselas a la Virgen de Guadalupe con el propósito de que les haga el milagro de que los partidos políticos PAN, PRD y PRI no se peleen y que en el mes de febrero del 2017 la ciudad de México ya tenga su propia Constitución Política.
Con este propósito caben las reflexiones sobre los momentos democráticos que se vivieron en Nayarit en el periodo gubernamental de Emilio M. González Parra y que por cierto las fuerzas democráticas y de la llamada izquierda no supieron aprovechar. Don Emilio, como muchos le decían, venía de una tradición democrática lombardista.
Él se formó ideológicamente al lado de Vicente Lombardo Toledano. Más aún, fue militante primero del Partido Comunista Mexicano y después del Partido Popular fundado este último por el propio Lombardo. En el gobierno de Emilio se hicieron ensayos de democratización de la vida política e Institucional. Y aquí cabe la distinción entre democratización y ciudadanización.
En las acciones de la democracia participativa, no había la restricción de la edad para participar. Bastaba con que se viviera en la ciudad o región donde se tomarían las decisiones para tener injerencia en las mismas. Este es un rasgo que debiera tenerse en cuenta para la democratización de la vida política del D F.
Otro aspecto es el relativo a las esferas gubernamentales de participación ciudadana. No basta la elección de representantes populares dado que estos no representan los intereses del pueblo que los elige. Se requiere de la selección democrática hasta de los candidatos a ocupar puestos de elección popular y de instrumentos populares para desaforarlos cuando éstos atenten contra los intereses de sus electores.
Y en este tenor, se debe ampliar la participación popular hasta las decisiones de los Poderes Institucionales. En fin