Manuel Aguilera Gómez.
La memoria histórica nutre el alma del pueblo y da sentido a los actos del gobierno. El calendario cívico constituye un diagrama de la memoria colectiva de un país y sirve para recordar aquellas fechas de alto valor simbólico en la vida nacional. La desmemoria y el olvido contribuyen a la ignorancia colectiva, al afán de minimizar aquellos acontecimientos decisivos en el derrotero de la patria. En ocasiones, cuando el peso de la historia se resiste a la omisión de los gobiernos interesados en borrar la evocación, aparece la conmemoración simulada, la celebración gris y deliberadamente deslucida.
Así ocurrió 18 y el 21 de marzo. La primera fecha es evocadora de la acción de reivindicación nacional tan importante como el triunfo de la guerra de independencia y la derrota de la aventura imperial patrocinada por el gobierno de Napoleón “el Pequeño”; me refiero a la expropiación de las empresas petroleras. La segunda evoca el natalicio de Benito Juárez, el gran presidente mexicano defensor de la integridad territorial frente al embate imperial francés. En esta ocasión me referiré al primer suceso.
El compadre de Porfirio Díaz, el general Manuel González en calidad de presidente de la República –contraviniendo tres siglos de tradición– modificó las disposiciones en materia de minería y concedió a los propietarios de las tierras la libre explotación de los recursos existentes en el subsuelo. Con los años, el Presidente Díaz y sus principales colaboradores se volvieron accionistas de las empresas petroleras más importantes.
La Constitución de 1917 restituyó a la Nación la propiedad de los recursos del subsuelo con la consiguiente indignación de las empresas petroleras quienes reclamaban –a través de la cadena periodística Hearst— al gobierno estadounidense la intervención armada en contra de México con objeto de lograr la abrogación de la recién aprobada Constitución.
Informado al detalle sobre los preparativos para el invasión, el presidente Calles comentó al embajador inglés acerca de esos planes y le informó de la decisión de su gobierno de proceder al incendio de las explotaciones petroleras cuando un soldado norteamericano pisara territorio nacional. Esta actitud de firmeza obligó a la Casa Blanca a seguir explorando vías de conciliación entre empresas y el gobierno mexicano.
En 1935, se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el cual emplazó a las empresa petroleras la celebración de un contrato colectivo de trabajo cuyas clausulas económicas fueron rechazadas por los patrones. Una vez agotado el procedimiento legal inherente al conflicto de orden económico y conocido el dictamen del grupo especial encargado de la revisión de la situación financiera de las empresas petroleras, las afectadas acudieron a la Suprema Corte de Justicia en demanda del amparo de la justicia federal. Rechazado el recurso legal, se negaron rotundamente a acatar el fallo, en plena rebeldía al orden jurisdiccional. Ante esta actitud pletórica de efervescente soberbia, el Presidente Cárdenas no tenía ninguna opción salvo la expropiación de las principales empresas. Esta valiente determinación conllevó innumerables y descomunales dificultades para sacar adelante esta actividad comercialmente bloqueada; pese a ello, con los años, se erigió en el pilar del desarrollo nacional y en el símbolo de la capacidad de los mexicanos para emprender tareas de dimensiones descomunales. PEMEX se colocó como la empresa más grande del país y una de las petroleras de mayores dimensiones en el mundo.
Empero, a partir de los yacimientos descubiertos en las costas de Campeche y Tabasco, su administración ha sido víctima de todo género de pillajes privados, del desenfreno sindical y de la rapacidad hacendaria. En lugar de corregirlos, el gobierno tomó la decisión de aniquilar gradualmente a PEMEX para abrir espacios a la participación al capital privado nacional y extranjero cuyos primeros resultados vaticinan el desastre.
Hace diez días, se verificó la ceremonia de la expropiación en un clima de inocultable tensión entre los trabajadores seleccionados cuidadosamente para asistir al evento. En el ambiente flotaba una pregunta: ¿Nos invitaron a conmemorar 78 años de vida de una gran empresa estatal o a presenciar los estertores de su agonía?