Manuel Aguilera Gómez.
Hace tres años, bajo el nombre de Wikileaks, se hicieron públicas numerosas informaciones acerca de las operaciones ocultas de varios personajes prominentes en el mundo de los negocios y de la política. El escándalo provocado se disipó en el mundo noticioso; fueron informaciones sin consecuencias penales ni políticas.
Ahora, con el patrocinio económico de la Agencia Internacional de Desarrollo –órgano del gobierno estadounidense– un consorcio internacional de periodistas sacó a la luz pública una gran diversidad de nombres de personas dedicadas a ocultar depósitos de recursos financieros por conducto de una empresa panameña denominada Mossak Fonseca, especializada en movilizar fondos y situarlos en los llamados “paraísos fiscales”, alejados de los ojos de las autoridades fiscales y penales. Las informaciones relativas fueron denominadas como “Panamá Papers”, en reconocimiento a la ciudad donde la citada empresa tiene sus oficinas generales.
En esos documentos aparecieron los nombres de gente prominente en diversas latitudes: Jefes de Estado, políticos encumbrados, futbolistas, actrices, turgentes empresarios, banqueros, funcionarios públicos y algunos narcotraficantes. Hasta ahora, tales revelaciones arrojaron una catarata de iracundos comentarios, pero nada más. En respuesta a las presiones políticas de sus electores, solamente el primer ministro de Islandia tomó la decisión de separarse de su cargo. Todos los demás no sintieron vergüenza ni remordimiento alguno; simplemente se dedicaron a balbucear algunas confusas explicaciones de su conducta.
En nuestro país, el responsable de la agencia tributaria (SAT) puntualizó la posición oficial: 1) transferir fondos al extranjero no es un acto ilegal, es un derecho humano de todos los mexicanos; 2) con apoyo en los acuerdos binacionales, el SAT revisará esos movimientos para cerciorarse de la legal procedencia de los fondos; 3) se verificará el cumplimiento de las obligaciones fiscales pertinentes.
La gente se pregunta: si los fondos tienen un origen “inexplicable”, ¿Se emprenderán las acciones conducentes a su confiscación? ¿Se decidirá el gobierno a causar alguna molestia a los barones del dinero? ¿Se confiscarán los fondos a nombre de Caro Quintero? ¿Seguirá siendo intocable la dogmática realidad de empresas pobres-empresarios ricos?
Según la información publicada periódicamente por el Banco de México, los particulares tienen invertida en el exterior una suma superior a los 300 mil millones de dólares. Este volumen tiende a crecer en forma acelerada debido a la proclividad de los operadores de las tesorerías de las empresas a colocar su fondos líquidos en los mercados de derivados, esa formidable ruleta establecida en el Casino Universal.
La verdadera dimensión de los escándalos provocados por la publicación de los “Panamá Papers” radica en haber exhibido la inmoralidad reinante en el mundo de los negocios mundiales protegidos en los llamados “paraísos fiscales”, una suerte de reservorios de impunidad fiscal, espacios para “blanquear” dineros provenientes de todo género de negocios ilegales en gran escala.
Fueron creados con esa finalidad y han permanecido en el ámbito de la impunidad porque cumplen un cometido fundamental: proteger las fortunas de grandes empresarios de los ojos indiscretos de las autoridades tributarias y penales. Cuando a un banquero suizo se le preguntó acerca de los costos y riesgos derivados de las restricciones virtuales a las operaciones de este género, contestó con realismo rayano en el cinismo: “seguimos haciendo las mismas operaciones, pero ahora simplemente cobramos más por ellas”.
El mundo financiero sigue siendo el ámbito de la indignidad disfrazada de galanura. Es un mundo donde el cinismo ha sido elevado a la calidad de norma, capaz de poner precio al proceder de todos los seres humanos y, el mismo tiempo, negarles valor alguno.
Al igual que en el pasado, estas informaciones pasarán de largo; sólo serán incidentes maliciosos en el gran mundo de las finanzas. Las autoridades no darán a conocer los resultados de sus pesquisas y los ocupantes de las oficinas corporativas podrán dormir con tranquilidad, sin sobresaltos ni pesadillas. Se preservará el clima de seguridad para la inversión privada.