Manuel Aguilera Gómez.
Hace un año, los dirigentes de la CNTE fueron informados de la suspensión indefinida de la llamada mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Así mismo se les dio a conocer la decisión oficial de emprender la reestructuración del Instituto Estatal Educación Pública del Estado de Oaxaca a efecto de suprimir la influencia determinante de la sección 22 del Sindicato en su administración: asignación de plazas, control de asistencia, evaluación de estudiantes y profesores, etc.
Al mismo tiempo, el gobierno procedió a congelar los depósitos bancarios de la sección sindical y a sancionar las ausencias injustificadas de profesores a las aulas y a los procesos de evaluación magisterial. Finalmente, tomó la decisión extrema de perseguir judicialmente a los principales dirigentes.
En apariencia, el gobierno había logrado controlar el descontento magisterial y sólo era necesario la declaración de la dirigencia de la CNTE de “reconocer la reforma educativa” para restablecer el dialogo, posición que fue sostenida en reiteradas ocasiones por el Secretario de Educación Pública en una actitud desafiante y jactanciosa, impropia del heredero del escritorio de Vasconcelos y Torres Bodet.
Sin embargo, los responsables políticos incurrieron en una falla fundamental: confiar en que las instrucciones no supervisadas se cumplen. Eso equivale a arar en mar. En efecto, desde hace un año, la reestructuración del Instituto de Educación de Oaxaca no ha sido aprobada por la Secretaría de Hacienda y por ende no puede nombrar los inspectores escolares, cuya papel esencial consiste en verificar la asistencia de profesores a las aulas.
En esa tesitura, las autoridades no pueden saber los nombres de los profesores que no imparten clases por motivos injustificados. Además, el Instituto no ha podido validar los nombramientos y ¡más de cinco mil maestros no cobran su sueldo desde hace un año!
Apoltronados en sus lujosas oficinas del sur de la Ciudad de México, los encargados de la reparación y construcción de escuelas están ausentes, lo que da lugar a todo género de cuchufletas sobre “la nueva escuela”; el papel de los padres de familia es ignorado; es incierto del destino de los profesores formados en las escuelas normales oficiales; no hay renovación de los planes de estudio. Al mostrar solo su rostro amenazante, la sociedad no acierta a comprender la reforma y el magisterio oaxaqueño la ve con recelo.
Naturalmente, son indefendibles las prácticas de corrupción, como la atroz compraventa de plazas, el consiguiente derecho de sucesión hereditaria de plazas; el pago de multas por inasistencia a convocatorias sindicales y otras arbitrariedades. Pero también son inaceptables las injustificadas deficiencias gubernamentales en la instrumentación del nuevo proyecto educativo.
Los bloqueos carreteros y los asaltos a los comercios prosiguen ante incompetencia oficial. Es un clima asfixiante, intolerable. En varias regiones oaxaqueñas son patentes las consecuencias de la interrupción del abasto de mercancías y del tránsito de personas. No hay autoridad capaz de reimplantar el orden. Desalentada y humillada, la opinión pública advierte el patente temor en la clase política de ejercer la responsabilidad de gobernar y correr los riesgos inherentes.
Algo adicional: es evidente el desgaste emocional y operativo de los efectivos de la policial federal –desprovistos de órganos de inteligencia– transportados cada semana de un lugar a otro para restablecer el orden en el país al tiempo que los estamentos de la dirigencia política se van de “week end” a proseguir sus “seductoras” y estériles escaramuzas futuristas del ajedrez administrativo. ¿para eso se les pagan los descomunales sueldos y los vehículos blindados?
Recién liberaron al líder magisterial para proseguir su proceso en libertad. Tras la inaplazable tarea de brindar seguridad a las familias oaxaqueñas, el siguiente paso debe consistir en regularizar los sueldos adeudados a los maestros; armar la estructura operativa del nuevo Instituto para comenzar a administrar la educación en Oaxaca; despedir a tanto funcionario incompetente; organizar a los padres de familias como puntales de la supervisión; y mostrar a la sociedad el contenido y amplitud de la reforma educativa, como única medida fiable para vencer resistencias y suspicacias. Además, será preciso meter al orden a los exgobernadores.
Gobernar no es un baile en Versalles ni un capítulo más de la telenovela The House of Cards. La grilla burocrática es ejercicio estéril. ¡A trabajar, señores!