CON PRECAUCIÓN
Por: Sergio Mejía Cano
La petición del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) para que se aprese y extradite al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otras nueve personas ha generado gran polémica en varios sectores de la sociedad con voces a favor y en contra de la posible extradición; pero más ha llamado la atención el asunto de las pruebas debido a que algunos analistas afirman que, en el tratado de extradición entre México y los EE.UU., no se habla de pruebas contundentes tal y como la ha anunciado nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).
En este entendido de que no tienen que presentarse pruebas al solicitar la extradición al vecino país del norte de un ciudadano mexicano queda claro que, por donde se le quiera ver, un tratado así no concuerda con la legislación mexicana en donde prevalece la máxima de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y no al contrario tal y como ya se ha procedido en algunas ocasiones con algunos imputados en que algunas autoridades le exigen al imputado que demuestre su inocencia; algo que, por supuesto, no procede en lo absoluto.
Tal vez el problema original es o sea por quién o quiénes firmaron esos tratados de extradición en caso de que en sí no se deben de presentar pruebas fehacientes para poder proceder en contra de una persona, apresarla y enviarla a los EE.UU., nada más porque el gobierno estadounidense lo exige; que no lo solicita ni pide tal y como se debe de proceder en Estados en donde se dice, rige el Estado de Derecho.
Porque tal y como se está exigiendo por parte del gobierno gringo que el gobierno mexicano le envíe al gobernador sinaloense y nueve personas más se parece más a la implicación de un estado inquisitorial más que uno de Derecho en el entendido de que solamente porque el gobierno gringo señala a determinadas personas y exige que se los manden a su país nada más por dimes y diretes, así como señalamientos de supuestos testigos protegidos a los que tal vez no les llegue un gramo de conciencia al señalar y acusar a determinadas personas sin ningún rubor con el único fin de poder librar condenas altas, reducirlas y que, en caso de seguir presos los envíen a cárceles de mínima seguridad con la posibilidad de salir lo antes posible y ser reubicados por el mismo gobierno estadounidense en alguna lejana ciudad o población con nueva identidad y un estatus de vida modificado.
Se entiende que el gobierno de México no puede ni debe proceder en contra de nadie nada más porque es señalado como delincuente y menos por un gobierno extranjero, sino que por fuerza se deben de presentar pruebas para que se proceda en contra de quien se señale como delincuente, porque se pueden decir muchas cosas al acusar a alguien; pero si no hay algún tipo de pruebas, entonces, bajo qué argumentos se podría detener, encarcelar y extraditar a alguien y, en caso de que llegara a haber pruebas, pues lo primero sería y que procedería a que la persona o personas imputadas fueran primeramente juzgadas en nuestro propio país antes de la extradición.
En sí, el mentado tratado de extradición entre los EE. UU., y México, está más chueco que un cigüeñal, pues de acuerdo a lo que señalan algunos analistas dicho tratado no contempla que haya pruebas contundentes para que se proceda en contra de alguien, sino que se aprese provisionalmente y que en un lapso de 60 días el gobierno solicitante presentará las pruebas correspondientes. Entonces, ¿en el caso de que no hubiera ningún tipo de pruebas, más que dichos de testigos protegidos, esos 60 días que permanezca en prisión la persona imputada, qué?
Y tan chueco está este tratado de extradición, porque se han extraditado a mexicanos que jamás han pisado suelo estadounidense, verbi gracia, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “el Chapo”, quien jamás, hasta antes de su extradición había pisado suelo gringo; jamás. Si delinquió de alguna forma, delinquió y tal vez hizo más cosas malas, pero todo en suelo mexicano y no en los EE. UU.
Caso contrario en caso de que un mexicano hubiese actuado fuera de la ley al estar en los EE.UU., y, que haya regresado después a México y que lo anduvieran buscando las autoridades gringas y, al detectarlo en nuestro país, pues entonces sí procedería su extradición para que pagara sus delitos cometidos en aquel país.
Bien por nuestra presidenta que no muestra sumisión ante el gobierno estadounidense tal y como lo llegaron a mostrar los presidentes hasta antes de AMLO.
Sea pues. Vale.