Por: Sergio Mejía Cano
El proyecto de ley impulsado por el diputado federal, Ricardo Monreal Ávila, para modificar el artículo 41 constitucional, para en lo sucesivo poder anular elecciones en caso de comprobarse fehacientemente que hubo algún tipo de intromisión extranjera, por lo pronto ya se encuentra en comisiones, para posteriormente ser turnada al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y probable aprobación.
Aunque hay ciertas discrepancias y reticencias en los partidos de la oposición (PRI, PAN y MC) debido a lo que podría significar en cierta medida la palabra “injerencia”; pero más por la posibilidad de que, en caso de aprobarse esta iniciativa de ley podría utilizarse en forma arbitraria para invalidad elecciones que no favorezcan al partido en el gobierno actual: Morena. Sin embargo, según la información en varios medios de noticias, se dice que también para algunos legisladores morenistas este proyecto presenta varios rasgos de ambigüedad, por lo que se han estado mostrando cautelosos a este respecto.
Desde luego que se intuye que esta iniciativa podría contener varias aristas y no nada más por posibles intromisiones extranjeras, sino también por el tema del narcotráfico del que ya tiene tiempo que se dice que tal vez tenga ligas de anexión en algunos partidos políticos, si no es que en todos que, por el momento tienen registro y a la mejor con los de nueva creación que vengan en un futuro cercano.
Pero el tema se enfoca más a la injerencia extranjera tal vez debido a lo que se ha visto últimamente en que el actual gobierno norteamericano ha proclamado abiertamente que estuvo presente en las elecciones en Argentina, en Honduras, Bolivia, en Ecuador y posiblemente en otros países más de Centro y Sudamérica; y tan descarado se ha mostrado la actual administración del vecino país del norte que, hasta el mismo presidente, Donald Trump dijo que gracias a él el nuevo papa de origen norteamericano había llegado a El Vaticano.
Desde siempre ha quedado claro que un sistema democrático tal y como se concibe en su esencia y, como lo pensó y dijo el mismo, Abraham Lincoln de que la democracia es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, jamás les ha gustado a los gobiernos estadounidenses desde su creación como nación, por lo que, cuando ven a un país, de cualquier parte del mundo, que empieza a trabajar en beneficio de sus habitantes, de inmediato meten su nariz para desestabilizar y derrocar a esos gobiernos en los que ven
una amenaza para sus intereses por la dificultad que podrían representar para ya no saquear tan libremente los recursos naturales y contar con mano de obra barata y esclavizada en cierta forma y así, no poder ejercer la máxima de la explotación del hombre por el hombre.
Volviendo al tema de que los partidos de oposición tal vez voten en contra de esta iniciativa, en caso de hacerlo así se pondrán aún más en evidencia al dar a entender que sí están a favor de la injerencia de gobiernos extranjeros, específicamente de los Estados Unidos y de que, por lo mismo, deseen abiertamente la intromisión de fuerzas armadas estadounidenses con el pretexto de supuestamente combatir al narcotráfico, aunque sea una medida totalmente apátrida, ya que por lo visto, eso de traicionar a la Patria a varios sectores mexicanos los tiene sin cuidado y por lo que se ve, no les importa en lo absoluto; porque posiblemente para estos sectores, lo mejor sería que los gringos volvieran a ser más dueños de México.
También ha quedado claro que a los adoradores de los Estados Unidos les faltó tiempo para traicionar a la Patria de todo a todo, aunque en la etapa neoliberal de 1982 al 30 de noviembre de 2018; pero sí llegaron a entregar lo que antes le perteneció al vecino país del norte, como las comunicaciones, el petróleo, la electricidad, las minas, los ingenios, puertos y aeropuertos, ferrocarriles, la Banca y un largo etcétera que, de no haber llegado a iniciarse la Cuarta Transformación, tal vez ya estuviera nuestro país como en la era de don Porfirio Díaz Mori.
Priistas y panistas que ahora están presentes en los otros partidos políticos, saben fehacientemente que el tema del narcotráfico no es actual, sino que viene desde principios del siglo XX, tal y como lo especifica el periodista e investigador, Francisco Cruz Jiménez al afirmar que el primer narcopresidente de México fue, Abelardo L. Rodríguez, quien fue el que sentó las bases en 1920 del crimen organizado siendo gobernador del territorio de Baja California.
Sea pues. Vale.
