EL PESO DEL DINERO
Manuel Aguilera Gómez.
Testimonio de incapacidad y de ignorancia, el grotesco episodio en la Cámara de Diputados escenificado por el Secretario de Desarrollo Social y una diputada con importante trayectoria académica obliga a la reflexión en torno a la orientación de la política social.
En principio es fundamental plantear un hecho esencial: ante el impacto sobre los estratos pobres de una política económica privatizadora implantada a finales de los años 80, el Banco Mundial recomendó a los gobiernos latinoamericanos establecer un conjunto de medidas conducentes a mitigar los impactos negativos sobre los niveles de empleo y bienestar generados por el vacío creado por el abandono de los instrumentos de fomento económico tradicionalmente empleados por los Estados Nacionales. Se trataba de crear mecanismos de “contención” del malestar social.
Fue una lucha desigual entre una política de subsidios a la población frente a una política económica dedicada –con indiscutible eficacia– a fabricar pobres.
Esta decisión coincidió con la implantación de la democracia como fórmula universalmente aceptada para la elección de gobernantes. Fue una coincidencia desafortunada porque la política social pronto se convertiría en un actor prominente en las contiendas electorales.
En efecto, fueron desechados los subsidios genéricos y fueron substituidos por los “focalizados”, es decir, los subsidios individualizados. La consecuencia natural de esta decisión fue la elaboración de listas de “beneficiados” con adhesión partidista predeterminada.
Así nació el “limosnerismo electoral”. En nuestro país, esta práctica tuvo su origen en los gobiernos de la Ciudad de México a principios del siglo y pronto se extendió a toda la República. Hoy en día, casi sin excepción todos los gobiernos salientes buscan ganar la adhesión ciudadana en las urnas mediante la entrega de dádivas de muy diverso género: pensiones para personas de la tercera edad, becas para estudiantes, apoyo económico a las mujeres abandonadas y, en fin la política social se convirtió en un mercado de dádivas regido por intereses partidistas.
La política de transferencias de ingresos públicos a favor de los sectores menos favorecidos ha mostrado su eficacia en la corrección de las desigualdades sociales en las sociedades gobernadas por principios de la social democracia. La cuestión toral reside en sus mecanismos.
En esos países, las transferencias se aplican mediante el reconocimiento legal de derechos individuales, debidamente definidos y con un sustento financiero asegurado. En México, los subsidios se asignan conforme a patrones partidistas, en forma por lo demás arbitraria, sin controles y desprovistos de apoyos financieros sustentables.
A pesar de los cuantiosos recursos destinados a combatir la pobreza, la realidad nos muestra resultados desalentadores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014, el número de personas en condición de pobreza ascendió 55.3 millones de personas, 3.5 millones más respecto a 2010. Ciertamente, el número de personas en situación de pobreza extrema se redujo en 1.5 millones pero una quinta parte de la población mexicana percibía en 2014 un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Estamos en presencia de una realidad innegable: México es una sociedad donde alrededor de la mitad de su población es –conforme a patrones internacionales– calificada de pobre.
Toda política de combate a la pobreza debe partir de dos precondiciones: a) no hay forma de corregir la desigualdad sin un impulso al empleo remunerativo, para lo cual es imprescindible cambiar radicalmente la orientación de la política económica y conferir al Estado Mexicano el papel de promotor del desarrollo; b) es imprescindible fortalecer las finanzas públicas pues sería una ingenuidad plantear una política de transferencias sin un robusto régimen fiscal capaz de obtener un ingreso público no menor al 35% del PIB. Sin cumplir estas dos requisitos, todo intento de corregir la desigualdad en México será una tarea utópica.
Ambas premisas son frontalmente contrarias a la filosofía económica imperante. Los principales dogmáticos del neoliberalismo repiten una y otra vez que la lucha por la equidad está inspirada por la envidia, el íntimo dolor del alma por el bien ajeno.
Estos elementos muestran los gigantescos obstáculos a vencer para mejorar la condición de los mexicanos, para implantar un Estado social de derecho. En tanto no se produzca una reorientación de la política económica, la política social quedará reducida a simple mascarada.
Maguilerag@prodigy.net.mx