DIMENSIÓN POLÍTICA 406

Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

El turno es de los gobernadores que se corrompen más

El daño patrimonial ocurre en 26 entidades de México

Asciende a más de 245 mil 895 millones 62 mil pesos

Duarte y Yarrington prófugos; Femat 6 años de cárcel

En Nayarit, Jorge Segura lidera acciones renovadoras

PARA LA SANA aplicación de justicia en México, el turno es de los gobernadores de los estados, pues si Javier Duarte dejó temblando a Veracruz y espantado al país entero por la voracidad y el cinismo sin límites como se apropió de miles de millones de pesos de los contribuyentes, paisanos de Agustín Lara; Tomás Yarrington Ruvalcaba transó con los capos del narcotráfico en Tamaulipas y junto con otros homólogos y paisanos suyos propició el caótico estado de inseguridad y muerte que aún mantienen con temor y zozobra a las familias norteñas, en tanto se investiga por los mismos procederes a los ex gobernadores de Quintana Roo y Chihuahua, Roberto Borge Angulo y César Horacio Duarte Jáquez, respectivamente, al que le acaban de aplicar una sentencia de seis años de cárcel por los mismos delitos es a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes.

Los delitos por los que pasará esa temporada sexenal a la sombra –más otros nueve meses de propina–, fue por peculado y uso indebido del ejercicio público.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el Juez Penal encargado del caso señaló que existen evidencias suficientes que señalan como responsable al exmandatario estatal, quien durante 2008 el Instituto de Salud estatal se documentó de 13 millones 800 mil pesos con la intención de adquirir un tomógrafo, pero éste no fue comprado.

Dicha acción seria a favor de la empresa Logística y Asesoría Comercial S.A. de C.V., y a fin de aparentar la legalidad de la utilización de los recursos públicos; tal cantidad de dinero fue transferida de la Secretaria de Finanzas al ISEA, para que formara parte del patrimonio de la institución.

Tales cuestiones, carcomidas en una moral descuidada ocurrida en el ámbito de la administración pública de 26 gobiernos estatales, ha sido de tal cuantía que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene documentado un daño patrimonial federal y estatal conjunto que asciende a los 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos.

Cifra muy superior, por cierto, a la cancelación del subsidio a la gasolina, por 200 mil millones de pesos que generó el gasolinazo, y mayor al recorte presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende a 239 mil 700 millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional.

De lo que hablaremos en este y otros espacios de Nayarit Opina en los próximos días, para mayor abundamiento de los datos necesarios de nuestros amables lectores.

LEYES ACTUALIZADAS

Será por lo anterior que aquí en Nayarit como sucede en el resto del país, el Poder Legislativo que lidera el diputado Jorge Humberto Segura López ha venido analizando, discutiendo y aprobando en su caso diversas leyes con la finalidad de implementar políticas y estrategias para combatir el fenómeno de la corrupción bajo un sistema de responsabilidad definido.

Todo lo cual tiene que ver con el fortalecimiento a la Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con lo que los nayaritas fiscalizadores como Roy Rubio Salazar, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) o el contador público Luis Antonio Apaseo Gordillo, titular de la Secretaría de la Contraloría en Nayarit, mantendrán documentados sus archivos para cuando se ofrezca llevar a cabo una revisión tan a fondo como la que se acaba de hacer a las nóminas y presupuestos de la Universidad Autónoma de Nayarit.

DEFINIDAS Y VALIDADAS

De acuerdo con el interés de los legisladores nayaritas, estas nuevas normas jurídicas constituyen el andamiaje legal necesario para implementar cabalmente el Sistema Local Anticorrupción, en plena armonía con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales en la materia y la Carta Magna de la entidad.

La Ley del Sistema Local Anticorrupción establece principios, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos para establecer, articular y evaluar la política en la materia.

LEYES PARA LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

En relación a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, regula la justicia y el procedimiento que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de la administración pública paraestatal y paramunicipal, bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, lo que permitirá cumplir con el compromiso de trabajar en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos ante los actos lesivos del poder público.

LAS AUDITORÍAS

En lo que respecta a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se trata de una norma que tiene como objetivo fundamental reglamentar la función de fiscalización superior que ordena la Ley fundamental de nuestra entidad, así como establecer las normas de la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado.

Con todo lo anterior, el diputado Segura López, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo junto con sus 29 compañeros de las diversas bancadas reafirma, una vez más, según lo precisa la Dirección de Prensa del Congreso en un comunicado oficial, su firme compromiso con la legalidad, lo que ha de verse reflejado en paz, tranquilidad y bienestar integral para nuestra gente.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

En ese mismo tenor y con el interés de que se logre una correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal y bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, fue aprobado por los representantes populares el dictamen con proyectos de decretos que tienen por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa, Código Penal y Código de Procedimientos Penales.

Tales reformas, también aprobadas por los 30 legisladores, el martes 20 de diciembre del 2016, cumplen con el mandato constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo que se determina que la implementación del nuevo sistema de justicia penal será ejecutado de forma precisa estableciendo una misma protección jurídica en todo el país, y minimizado a su vez el uso del aparato penal, e introduciendo fórmulas que acentúen la prevención y no el carácter retributivo de la pena.

En el contenido de este dictamen también se contempla la posibilidad de que una vez que se decrete el no ejercicio de la acción penal, la persona que de la cual se sospecha cometió delito, tendrá la garantía de que ya no será perseguido por los mismos hechos, salvo que sea por unos diversos o en contra de distinta persona.

Por hoy es todo y mañana será otro día.

¡CONSUMATUM EST!

Escríbame: ezpa70@yahoo.com.mx