La obra pública fuente de corrupción

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Por: Francisco Cruz Angulo

Desde los sexenios gubernamentales del partido hegemónico el PRI hasta los de la oposición la obra pública ha sido la fuente de enriquecimiento ilícito de la clase política gobernante. De ella se amasan enormes fortunas.

Atendiendo a esta denuncia popular el gobierno aliancista de Antonio Echevarría García en concomitancia con el Congreso del Estado presidido por el diputado panista Leopoldo Domínguez por separado sostienen un intenso cabildeo con asociaciones empresariales y del gremio de la construcción, entre otras la COPARMEX, la CANACINTRA, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y con los colegios de arquitectos e ingenieros a quienes se les solicitó su opinión profesional para reformar la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit cuyo propósito fundamental es la de cerrar todos los resquicios por donde los funcionarios públicos engordan sus bolsillos de la noche a la mañana.

Estas prácticas nocivas de enriquecimiento ilegal todos las conocemos, a saber, tráfico de influencias, utilización de prestanombres, la subcontratación de obras a terceros, la clásica mochada del 10% a los funcionarios responsables de asignar las contrataciones y, por supuesto la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Si tomamos como referencia la pasada administración de Roberto Sandoval gran parte de la obra pública fue de relumbrón, por ejemplo, los boulevares en más de una decenas de cabeceras municipales cuyos recursos financieros bien pudieran haberse destinado a infraestructura de agua potable o la mejora de la vialidad urbana.

En esta capital la construcción del “Auditorio de la Gente” hoy llamado Amado Nervo es infuncional y poco seguro y el parque Lineal construido sobre libramiento de un extremo a otro y que por cierto contribuye a las inundaciones a colonias aledañas al oriente de esta capital.

Estas dos obras hechas al vapor y de enorme costo económico mejor se hubiesen invertido esos recursos en la construcción de un drenaje profundo de aguas pluviales y así resolver las inundaciones de las zonas bajas de esta capital.

Como fue un gobierno de ocurrencias y de egos y no de planeación para resolver graves problemas de infraestructura urbana si fue la mejor forma para mamar de la ubre pública. De allí la importancia de la consulta ciudadana que realizan los dos poderes del Estado para reformar la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.

En el foro que realizó la semana pasada la comisión de obra pública del Congreso del Estado presidida por el Dip. Heriberto Castañeda de las propuestas que formularon los representantes de las cámaras empresariales y de los colegios de arquitectos e ingenieros por su relevancia destacan las siguientes:

1.-Que en la entrega de la documentación económica y técnica para el concurso de licitación de la obra pública sea mediante digitalización. De esta manera una vez concluido el concurso de licitación esa información sea del dominio público. La otra ventaja es el ahorro en papel y en su almacenamiento.

2.-Registro único del padrón de contratistas.

3.-Incorporar la metodología para la evaluación de las propuestas económicas y técnicas y así evitar la depreciación profesional y calidad de la obra pública…

La Cruz Roja en bancarrota.-El delegado de la Benemérita Cruz Roja en Nayarit Mariano García solicitó el apoyo económico necesario a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno para hacer frente a la crisis económica por la que atraviesa esa institución de beneficencia privada.

Alertó que de no encontrar eco en los nayaritas podría cerrar sus servicios médicos en varias delegaciones municipales.

Considero que el Sr. Mariano García debe hacer una profunda reflexión del por qué los nayaritas fueron muy apáticos en su contribución en la pasada campaña de recolección de fondos a la Cruz Roja.

Habría que preguntarse si la campaña  de recolección anual estuvo bien organizada o la apatía a contribuir es por causa de que esa institución no atienda con eficiencia sus servicios médicos O acaso haya la percepción pública de que esa institución no maneja con transparencia sus recursos económicos; o quizá porque su patronato sea infuncional y carezca de iniciativa para allegarse de recursos financieros. Quien proponga crear un impuesto especial es francamente un disparate…

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