Por Octavio Camelo Romero
Resulta interesante abordar el tema de los salarios en México porque su baja a partir del gobierno de De la Madrid hasta el de Peña Nieto obedeció a una estrategia de múltiples efectos. Por un lado se trató de contra restar la tendencia de la caída de la tasa de ganancia provocada por el violento desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicadas a la producción de bienes y servicios del capitalismo global o del capitalismo transnacional.
Por otro, de ofrecer mano de obra barata, más barata que en otros países, a los capitales transnacionales de Estados Unidos para que pudieran competir en el mercado mundial con las mercancías provenientes de los países asiáticos. En tercer lugar ofrecer a los grandes capitales mexicanos la oportunidad de asociarse con los capitales norteamericanos y constituir un circuito económico de productos orientados al mercado estadounidense.
Y en cuarto lugar, liberar el mercado de las pequeñas y medianas empresas nacionales para que los capitales transnacionales asociados con los grandes capitales nacionales tuvieran el campo libre para sus inversiones. Otro aspecto relevante es el relacionado con la categoría de los trabajadores.
Algunos analistas consideran que los ejecutivos, empleados y trabajadores pertenecen a la misma clase social y que, por lo tanto sus ingresos deben catalogarse como salarios, esto es, todos sin distingos son asalariados. Sin embargo, considerando el origen de los sueldos y las funciones de los “empleados” se puede recategorizar a quienes desempeñan las actividades.
Si el sueldo proviene de la plusvalía y la función es ser agente para la explotación de los trabajadores entonces se trata de un capitalista en funciones o de un alto ejecutivo del capital. Por tal motivo no se le puede considerar asalariado. En el caso de quienes son explotados y sus ingresos provienen del capital variable, son verdaderos asalariados.
Por ello, unos son agentes del capital o capitalistas en funciones y otros son los auténticos asalariados. A partir de aquí, tenemos que reclasificar a quienes desempeñan funciones en el Estado, pues unos sirven al capital y otros son explotados por el capital. Y en ese sentido, habrá que analizar los efectos de la ley aprobada por la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados que limitó el ingreso de los empleados públicos a 108 mil pesos mensuales. Según Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), encargada de la regulación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), es lamentable la renuncia de decenas de funcionarios con varios años de experiencia en la supervisión de bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afore y otro tipo de intermediarios financieros.
Estos son a todas luces agentes del capital o del capitalismo que desde el Estado sirven a los intereses transnacionales. Y renuncian porque no quieren ganar menos que Andrés Manuel López Obrador. En la CNBV, el salario bruto mensual de un vicepresidente es de 175 mil pesos y el de un director general de 171 mil pesos, superiores al límite máximo de 108 mil que es el del Presidente de la República aprobado en la nueva ley de remuneraciones.
Respecto al impacto del alza de los salarios en la economía mexicana, ya tendremos oportunidad de analizar. En fin.