Por Octavio Camelo Romero

No son nuevas, son viejas políticas públicas la “Criminalización de la disidencia” y la “represión sangrienta” de las manifestaciones y movilizaciones públicas de la inconformidad. Disentir de la opinión del Estado equivale a ser juzgado de “traidor a la Patria”, de “ser agente de fuerzas externas enemigas del país”, de “ser disoluto social o terrorista”, etc.

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