DIMENSIÓN POLÍTICA 316

Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

Narcos se salen con la suya por medio de amparos

Hay todo un calendario de acciones en ese sentido

Finalmente, “Don Neto” cumple estando en su casa

El viernes 05 vuelven a sesiones diputados nayaritas

EN SU NÚMERO de la semana anterior, el semanario PROCESO difunde una entrevista exclusiva con Rafael Caro Quintero, el capo fundador del Cartel de Guadalajara en la que además de negar encontrarse en guerra contra la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán y estar completamente retirado de la ilícita actividad por virtud de la cual pasó a convertirse en el narco más famoso de los años 80s, publicación a la que se ha sumado en la edición de la presente semana su pareja sentimental, ha dado pie para que abreváramos de la lucha legal que los tristemente célebres capos presos libran con las autoridades, destacadamente en cuanto a la promoción de amparos.

Y es que Guzmán Loera y su estrategia legal de solicitar protección federal contra actos de tortura e incomunicación durante su reclusión, parecieran haber impuesto una ruta de protección entre los capos de la droga en México.

“EL CHAPO” A LA CABEZA

Al revisar este aspecto fundamental, resulta que luego de su reaprehensión en enero de este año, Guzmán Loera solicitó amparo contra malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Pese a que el juicio de garantías iniciado en febrero pasado fue sobreseído por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), debido a que el capo no acreditó la existencia de la incomunicación, segregación, aislamiento y negativa de visita que alegó contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, otros miembros de la delincuencia organizada siguieron su ejemplo.

En las listas de acuerdos de los tribunales de amparo se constató que, además de los recursos promovidos por El Chapo para evitar ser objeto de malos tratos, siguieron su ejemplo Héctor Manuel Avendaño Ojeda, “El Meño”, operador de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; y Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El 9 de mayo, en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el líder del Cártel de Sinaloa reclamó al director del Cefereso 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua —donde se encuentra recluido—, por actos de incomunicación y la ejecución de la orden de extradición.

Ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Guzmán Loera solicitó en el mes de junio, de nueva cuenta, protección contra actos de segregación e incomunicación con fines de extradición.

Dada la naturaleza de los actos que reclaman: incomunicación, segregación y malos tratos, entre otros, los jueces de amparo decretan de entrada suspensiones de plano a cualquiera de estas conductas y en sus acuerdos ordenan notificar tanto a las autoridades como a los solicitantes de la protección que han recibido.

ENTRAMADO LEGAL

Las autoridades señaladas por los capos deben informar el cumplimiento que han dado a las suspensiones, lo que implica detallar el estado físico y ubicación de los solicitantes del amparo.

En este contexto, el penalista Pedro Hernández Gaona considera que en realidad se ejercen los instrumentos legales que garantizan la protección a los derechos humanos del reo, mismos que, explica, han estado ahí desde siempre, sólo que anteriormente parecía que pasaban inadvertidos en los procesos.

“Todas las leyes que se están utilizando para sacarlos –a los narcotraficantes– existían con anterioridad, nada más que ahora se están ejerciendo; anteriormente estaban ahí como letra muerta y al fomentar el tema de los derechos humanos se abrió la posibilidad de que pudieran, en un momento dado, utilizarlos como herramienta para sacarlos”, explica el profesional.

EL CASO DE “DON NETO”

El caso más reciente de un capo de la droga que obtuvo algún beneficio por la vía del amparo fue el de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, quien la madrugada del jueves último fue trasladado del penal de Puente Grande, Jalisco, a un domicilio privado en el Estado de México.

Lo anterior luego de que las autoridades agotaran todas las instancias legales para combatir la sentencia de amparo que desde 2015 otorgó a quien fuera uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, y que incluía la petición de prisión domiciliaria en razón de su avanzada edad y los problemas de salud que presenta.

“Hay normas que no puedes transgredir. A veces los jueces y las autoridades están atadas por las legislaciones, por ejemplo, dice la propia ley que si es un hombre en estado terminal con un problema de cáncer, más otros problemas graves y cuando tenga más de 60 años se demuestra que la persona tiene un estado precario de salud, puede ser beneficiario de los recursos que establece la propia legislación”, señala el especialista.

Precisa que los abogados de “Don Neto” se pusieron buzos y le dicen al juez: le demuestro que el señor está grave, que no se puede evadir, le demuestro que el señor sale prácticamente a fallecer fuera de la cárcel, eso por humanidad, los jueces dicen ‘me cubre los requisitos que establece la ley’ y simplemente acatan lo que habla”, afirmó Carlos Daza.

Explicó que se trata prácticamente de un caso de humanidad y que si las autoridades no hubieran acatado la ley entonces serían responsables de lo que le sucediera a Fonseca Carrillo dentro del penal de Puente Grande.

Destacó que pueden existir dos normas en conflicto, como en el caso de Don Neto: las que prevén que debía continuar su condena en prisión y las que permiten que lo haga bajo la figura de prisión domiciliaria; sin embargo, se debe aplicar lo que más favorezca al reo.

CASO POLÉMICO

En 2013, Rafael Caro Quintero obtuvo su libertad gracias a las resoluciones del Primer y el Segundo Tribunal Colegiado en Jalisco.

El Primer Tribunal Colegiado concedió al capo la absolución del delito de asociación delictuosa al sobreseer diversas causas como el secuestro y homicidio calificado del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, y de su piloto, Alfredo Zavala Avelar.

También fue sobreseída la causa penal por homicidio calificado contra Albert G. Radelat y John Clyde Walker, debido a que “se varió, en perjuicio del quejoso –Rafael Caro Quintero–, el marco legal trazado en las conclusiones acusatorias y fijado por el juez de distrito en la sentencia de primera instancia”.

En su momento, las resoluciones que ordenaron la libertad inmediata de Caro Quintero dejaron en evidencia, una vez más, las deficiencias en los procedimientos penales que permean en el sistema de justicia penal mexicano, consideró el investigador.

Tanto Carlos Daza como el también catedrático de la UNAM, Pedro Hernández Gaona, coincidieron en que capos o no capos o líderes de las principales organizaciones de la delincuencia organizada en el país, se trata de seres humanos que tienen derecho a pedir amparo cuando se observa que pudieran salvaguardar principios básicos de sus derechos humanos, tal como podría ocurrir en el caso de otras personas que se encuentren bajo proceso.

LOS DIPUTADOS VUELVEN ESTE VIERNES EN APOYO A CABILDOS

Por lo que hace a los integrantes de la XXXI Legislatura que encabeza el diputado Jorge Humberto Segura López, este viernes 5 de agosto reinician sesiones –esta vez extraordinarias– para conocer y resolver importantes asuntos legislativos en beneficio de los ayuntamientos de la entidad.

Concretamente, los diputados deberán conocer y resolver el dictamen unitario con proyectos de decreto que tienen por objeto autorizar a contraer obligaciones financieras a diversos ayuntamientos de la entidad nayarita para renovar el alumbrado público de sus municipios.

Presidirá los trabajos el diputado Segura López y como Vicepresidente estará a su lado su compañero de curul Javier Mercado Zamora, en tanto que como secretarios coadyuvarán los legisladores Luis Manuel Hernández Escobedo y Francisco Javier Jacobo Cambero.

Los ayuntamientos de Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Jala, Bahía de Banderas, San Blas e Ixtlán del Río serán apoyados en su solicitud para lograr una línea de crédito en relación a sus planes de modernización de alumbrado público municipal.

Por hoy es todo y mañana será otro día.

¡CONSUMATUM EST!

Escríbame: ezpa70@yahoo.com.mx