La Yunta

Por: Oscar Zúñiga

¡Hijo e’ su! En menudo lío se han metido nuestras representantes electorales, mira que querer coartar la libertad de expresión de quienes nos dedicamos a este oficio, y qué lástima, pues sabedoras de la ley, aun así están atropellando nuestros derechos a la libre expresión. Ejemplo claro es este que marca nuestra Constitución política que a la letra dice:

ARTICULO 6o. LA MANIFESTACION DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO, PROVOQUE ALGUN DELITO O PERTURBE EL ORDEN PUBLICO; EL DERECHO A LA INFORMACION SERA GARANTIZADO POR EL ESTADO.

Más claro ni el agua, pero por lo pronto y aprovechando que hay nuevos recovecos en la designación de la equidad de género, la cual por cierto ya está aprobada la igualdad entre hombres y mujeres, aquí en Nayarit pareciera ser que no se ha entendido, y más claro, este articulo que protege la Ley de Imprenta señala también que todo servidor público puede ser criticado, y esto es entendiéndole y muy claro.

Pues el ejercicio de los derechos relacionados con la información conlleva deberes y responsabilidades especiales y restricciones, pero en ninguna parte dice que no debe de haber critica contra servidores públicos, así mismo nos muestra las limitaciones para proteger la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público.

Coartar la Libertad de Expresión solo es limitada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se trata de proteger la soberanía nacional, estando en guerra o estado de sitio, aquí es donde el estado puede suspender las garantías individuales.

En fin, lo chusco en todo esto es que la denuncia en contra de los compañeros periodistas fue anónima, y la FEPADE de inmediato hizo su  investigación, cosa que no ha hecho en contra de quienes desde años atrás han estado cometiendo delitos electorales al hacer campaña política adelantada a los tiempos.

Esto del anonimato me recuerda algunos casos que me ha tocado presenciar en el pasado y que vale la pena recordar uno de tantos, aquí preguntaríamos a las autoridades, qué pasaría si una persona cualquiera denunciara al hoy 911 que su vecino está moliendo a golpes a su mujer, luego, llegara la policía a dicho domicilio, tocara, saliera la señora, le preguntaran de la denuncia anónima que se había recibido, pero la mujer contestará: No señor aquí no pasa nada. Con las nuevas normas ¿qué haría la policía? ¿tomaría esta llamada como falsa y metería a la cárcel al vecino que denunció la golpiza que le ponían a la mujer?, ¿verdad que sería un dilema que se estudiaría concienzudamente para ejercer alguna acción?

Esto de la denuncia anónima recibida por la FEPADE debería de haber llevado la misma línea, pero bueno, esto es como siempre lo hacemos, intentando desenredar el hilo de la madeja, que bueno que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya volteó a ver este caso donde se trata de coartar nuestro derecho a la información. Y lo más triste de todo esto es que después de muerto el niño a tapar el pozo, ahora el IEEN intenta taparlo, quizá sea que no esperaban que los tunde máquinas fuéramos unidos, pero ya se dieron cuenta que sí.

Lo cierto es que ahora todo está en manos de la Procuraduría General de la Republica, y al final de cuentas en nuestras investigaciones el aumento que fue el que llevó a todo este problema, al parecer sí está contemplado en el presupuesto del próximo año para los Consejeros del IEEN.

Esperemos ver en qué para todo esto, el daño ya está hecho, ahora solo falta ver quién se responsabiliza por esta denuncia, y repetimos, todo servidor público quien quiera que sea, puede ser criticado.