Manuel Aguilera Gómez.
A menudo no se le confiere importancia al cambio ideológico operado en la élites gobernantes de México. No valoramos suficientemente la diferencia entre los gobiernos comprometidos con la vivienda popular, la protección al empleo, la salud de la población y extensión la educación pública de aquellos otros gobiernos interesados en el desarrollo inmobiliario, en proteger la educación privada, en subrogar los servicios de salud, en la enajenación del patrimonio nacional, en la rentabilidad de las instituciones financieras. Aquellos actuaban como misioneros de la transformación del país; estos constriñen su obligación al aliento a la libertad empresarial, sumisos a los designios de la banca internacional.
Este cambio ha tenido consecuencias terribles: Desde 1935 hasta 1983, el PIB se multiplicó por 18; en el lapso 1983-2016, el PIB de multiplicó sólo por 2. En 1982, la economía mexicana ocupaba el lugar 8 en el mundo: hoy ocupa el lugar 15. En 1982, el PIB per cápita de México era 1.7 veces superior al promedio mundial; hoy es inferior a la media universal.
Es evidente que México se ha rezagado notablemente respecto al resto del mundo. Mientras estas tendencias vienen ocurriendo, el Banco Central se endeuda cínica y calladamente con el exterior para aumentar las reservas. Estamos colocados en la ruta de la ruina histórica.
En esta línea de pensamiento, la realidad política se ha trastocado. Se ha olvidado un principio esencial: subcontratar empresas para cumplir sus funciones no exime al gobierno de sus responsabilidades. Hoy estamos padeciendo la experiencia del “socavón” de la autopista de Cuernavaca, una carretera concesionada a una empresa privada y construida con concreto armado… sin varillas. Es un fraude consentido.
Se anidó en el terreno de las ideas políticas la mística tramposa: todo acto de autoridad es obra de un gobierno autoritario y, por tanto, antidemocrático. Democracia y autoridad se convirtieron en posiciones antitéticas. Esta percepción nos ha llevado a situaciones verdaderamente absurdas: para obrar con justicia en el combate a la delincuencia se exige “piso parejo”, es decir, las policías y demás órganos deben enfrentar a las bandas delincuenciales sin manifiesta superioridad de fuerzas. De otra manera, el ejercicio de la autoridad es antidemocrático.
De todo acto criminal, “el culpable es el Estado”. Es un disparate y una ofensa a la inteligencia. La defensa de los derechos humanos y el “respeto al debido proceso judicial” se tradujeron, en el terreno de los hechos, en una vía de evasión de las responsabilidades penales.
La impunidad se ha glorificado, bajo las batutas de las ONGs y de los abogados litigantes así como la clara incompetencia y corrupción imperantes en los ministerios públicos y en muchos juzgados, infiltrados por la delincuencia. Estamos cerca de que se cumpla el axioma imperante en amplias regiones de África: “ Es más barato cohechar a un juez que pagar a un abogado”.
En reconocimiento de esta realidad, se pretendió modernizar el sistema policial, tanto el preventivo como el persecutorio. En un esfuerzo de respetar el régimen federal, se propuso crear corporaciones policiacas estatales y desaparecer las policías municipales, cuerpos probadamente inmiscuidos en el tráfico al menudeo de drogas.
De nueva cuenta, los mezquinos intereses de los partidos –señaladamente el PAN- interpusieron una larga retahíla de argumentos contrarios a este propósito. No están dispuestos a enemistarse con los ayuntamientos que ahora gobiernan.
En reconocimiento a la incapacidad de las fuerzas policiales para brindar seguridad ha sido preciso encargar estas tareas a las corporaciones militares.
Ante las evidentes limitaciones para desempeñar este papel, se reconoce la pertinencia de legislar sobre los límites y alcances de las fuerzas armadas en labores policiales pero los partidos políticos se resisten legislar con el argumento de que daría lugar a la militarización policial permanente. En cambio, se ha preferido “privatizar” los cuerpos policiales.
Para nuestra desgracia, el proceso se extiende a otros ámbitos. La semana pasada, representantes de la Seguridad interior de Estados Unidos mostraron, presencialmente, a los altos mandos militares y navales de México las extensas áreas sembradas con amapola en las costas mexicanas de donde se extrae buena parte de la heroína causante de la muerte de más de ochenta mil adictos en Estados Unidos al año. Como decían las abuelas: “¿no se nos cae la cara de vergüenza”?
Al final de cuentas, estamos viviendo en plenitud el axioma neoliberal: el Estado Mínimo, el estado contemplativo, el estado policial incompetente. (continuará)
Manuel.aguilera.gomez@gmail.com